Junto a un grupo de académicos e investigadores, redactamos e impulsamos una carta pidiendo al Gobierno de España que se contemple una moratoro en el uso y comercialización de los sistemas de reconocimiento y análisis facial por parte de empresas públicas y privadas. Esta petición solicita que esa moratoria dure al menos hasta que la Cortes Generales y las instituciones legislativas europeas debatan si debe permitirse, y de qué forma, la utilización de estos sistemas.
La carta fue firmada, en una primera versión, por más de 70 personas de reconocido prestigio en ámbitos como la computación, la filosofía, el arte o las ciencias sociales, mayoritariamente del mundo académico, pero también del profesional.